En el quehacer de la RedPAR hemos observado que la cuestión alimentaria es un eje articulador del trabajo y las problemáticas de las mujeres rurales. Consideramos que este tema debe ser visualizado desde el concepto de la soberanía alimentaria, propuesta que surge desde los movimientos campesinos y que rebasa ampliamente los de seguridad o suficiencia alimentaria impulsados por las políticas alimentarias internacionales y nacionales.
Mientras que la seguridad alimentaria se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, generalmente sin importar dónde y cómo fueron producidos éstos, la soberanía alimentaria se refiere a la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias, e incluye aspectos de las formas de producción, respetando al ambiente y sus recursos.
La soberanía alimentaria se refiere al derecho de las personas a acceder a alimentos culturalmente adecuados y saludables, y privilegia el derecho de los pueblos a determinar sus propios sistemas agroalimentarios, por encima de acuerdos de mercado o tratados internacionales.
Para la RedPAR, es evidente que las políticas públicas del Estado Mexicano en materia de alimentación han impactado de forma muy aguda la producción agrícola y las formas de alimentación en el país, generando una combinación perversa de hambre y malnutrición que afecta considerablemente la calidad de vida de la población y particularmente a las mujeres rurales. Desde mediados de los años ochenta, las políticas agrarias de nuestro país responden a una lógica neoliberal, que se ha caracterizado por retirar el apoyo a la producción del campo, el acceso a créditos y los incentivos a la comercialización; con la implementación paralela de una política social centrada en acciones compensatorias mediante transferencias económicas, que muchas veces están condicionadas a la utilización de la oferta de servicios de salud y educación por parte de la población en condiciones de pobreza.
Aunque el gasto público se ha incrementado consecutivamente la pobreza alimentaria es igualmente enorme: hay cálculos que estiman la pobreza alimentaria en un casi un 70% de la población nacional. Paradójicamente, en nuestro país el hambre coexiste con sobrepeso y obesidad, lo cual indica que no sólo importa el cuánto sino también el qué se come. En todos los estados, y con creciente rapidez entre población campesina e indígena, se han notado altos niveles de desnutrición, malnutrición y obesidad; estos cambios están asociados a una pérdida de la agricultura campesina y una disminución de la agricultura para el autoconsumo.
Las políticas alimentarias librecambistas y pro-empresariales que incluyen el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tornan más difícil responder a los problemas alimentarios, debido a la quiebra de la agricultura campesina, a la búsqueda de ganancia que mueve a los grandes empresarios y trasnacionales de alimentos, así como a la pérdida de la soberanía alimentaria y laboral para proveerse de alimentos, y generar empleos en el campo. Como consecuencia de esta política fallida, la crisis alimentaria mundial del 2008/2009 pegó en México especialmente duro con el aumento histórico del precio mundial del maíz, la sequía en 19 entidades, la epidemia aviar y el aumento del precio del huevo. Aunque en los últimos años están bajando ligeramente los precios de algunos alimentos (y subiendo otros), la crisis para la mayoría de las personas del campo todavía no acaba: según datos del CONEVAL, para 2012 el 62% de las personas rurales tienen ingresos inferiores a la Línea de Bienestar Económico, comparado con “sólo” un 48% de la población urbana; si miramos los datos para la población indígena, la discriminación se vuelve especialmente elocuente, ya que de esta población, un 73% tiene ingresos debajo de dicha línea.
Es por ello que como Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales consideramos indispensable, analizar y atender las crisis alimentarias desde una perspectiva que tenga como horizonte a la soberanía alimentaria.
No se trata de una tarea sencilla; la soberanía alimentaria requiere de acciones en distintas escalas que van desde las pequeñas parcelas y traspatios familiares, hasta los movimientos campesinos internacionales que posicionan las demandas de estos sectores ante los organismos que definen las agendas a nivel mundial. Un paso básico consiste en revalorar y fomentar los pequeños sistemas campesinos tradicionales como la base de diversidad natural y cultural que sustenta la alimentación, pero incorporando nuevos valores y prácticas que propicien una igualdad entre los géneros, el respeto a la naturaleza y la presencia de relaciones más equitativas entre el campo y la ciudad.
En este contexto, trabajamos en la construcción de prácticas transformadoras que recuperen la riqueza de nuestras raíces y conocimientos e incluyan los aportes de conocimientos científicos (como la agro-ecología), siempre y cuando contribuyan a una vida digna y a una relación armónica entre los seres humanos y con la naturaleza. De este modo, desde hace varios años estamos preocupadas y ocupadas en la lucha por una buena alimentación con soberanía alimentaria, no sólo porque las mujeres rurales y la gente del campo padecen más hambre que el resto de la sociedad, sino porque en las ciudades también se necesitan alimentos de calidad y en cantidad suficiente y todos provienen del campo.
Aunque las mujeres han participado en los debates sobre la crisis alimentaria, consideramos importante escuchar y hacer escuchar su voz y reconocer su larga experiencia en el hogar, donde han desarrollado una cultura culinaria y saberes gastronómicos. En el traspatio, donde, ajenas a los insumos agroquímicos y las semillas transgénicas producen hortalizas, frutos, plantas medicinales y de ornato, o crían aves y especies menores, libres de hormonas y antibióticos; en las tierras comunales; en donde también desarrollan un profundo conocimiento de la naturaleza en su papel como recolectoras; y en la parcela, donde desde siempre han participado en las labores de cultivo y, un número cada vez mayor asume la responsabilidad total de la producción.
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